El debate sobre el impuesto a la banca y energéticas
El pacto entre PSOE y Sumar ha vuelto a poner sobre la mesa el debate en torno al impuesto a la banca y energéticas. Mientras el Gobierno insiste en mantener esta medida fiscal de manera permanente, los sectores afectados se oponen a convertirlo en algo fijo. Pero, ¿desde cuándo está en vigor este impuesto y qué empresas se han visto afectadas hasta ahora?
Origen y alcance del impuesto
La ley que establece este impuesto fue publicada en diciembre de 2022 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta medida gravaba de forma extraordinaria a dos sectores clave en la economía: la banca y las empresas energéticas. Durante los años 2023 y 2024, se aplicaba un impuesto del 1,2% sobre la facturación obtenida por las empresas energéticas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros, y un impuesto del 4,8% sobre los márgenes financieros de la banca, siempre y cuando superaran los 800 millones de euros.
Funcionamiento del impuesto en cada caso
En el caso de las empresas energéticas, el impuesto se basa en el importe neto de su cifra de negocios, es decir, sus ventas de bienes y servicios. Se aplica a partir de un umbral de 1.000 millones de euros, utilizando como referencia los datos de cada compañía del año 2019. Aquellas empresas que no tengan más del 50% de su negocio vinculado al sector energético quedan excluidas de este gravamen.
En cuanto a la banca, el impuesto recae sobre los márgenes de su actividad financiera, es decir, los intereses y las comisiones. Se aplica un gravamen del 4,8% sobre estos márgenes y el umbral a partir del cual se aplica es de 800 millones de euros.
Ambos sectores comparten algunas características en relación con este impuesto: se aplica a grupos fiscales consolidados, no se gravan las operaciones intragrupo y se excluyen las operaciones de filiales en el extranjero. Además, el impuesto no es deducible en el Impuesto sobre Sociedades.
Reacciones frente al impuesto
El anuncio de prolongar y convertir en permanente este impuesto ha generado protestas por parte de la banca y las empresas energéticas. Repsol, en particular, ha advertido que podría considerar deslocalizar su negocio fuera de España si esta medida se aprueba. La empresa argumenta que el impuesto fue concebido como algo temporal y que castiga a las empresas que invierten y generan empleo en el ámbito de la independencia energética del país.
La banca, por su parte, ha expresado su desacuerdo con la continuidad de este impuesto, argumentando que la incertidumbre actual, los riesgos geopolíticos y las subidas de tipos afectarán negativamente a sus balances y dañarán la economía.
La postura del Gobierno
El Gobierno defiende que este impuesto ha sido un acierto, ya que las empresas de los sectores afectados han obtenido beneficios millonarios. Según la ministra de Hacienda en funciones, María José Montero, los impuestos a la banca y empresas energéticas han recaudado 2.900 millones de euros este año. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha afirmado que estas empresas tienen margen para realizar una mayor contribución fiscal dada su situación económica favorable.
En conclusión, el debate sobre el impuesto a la banca y energéticas continúa y se ha intensificado tras el anuncio de su prolongación y convertirlo en permanente. Mientras el Gobierno defiende su validez y beneficios para la economía, los sectores afectados argumentan que este impuesto perjudica la inversión y la economía del país. El futuro de esta medida fiscal sigue siendo incierto y dependerá de las decisiones políticas que se tomen en los próximos años.