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El reto demográfico

Uno de los grandes desafíos a los que deberemos encararnos en las próximas décadas es el veloz envejecimiento de la población de España. Las causas inmediatas de este fenómeno son el incremento de la esperanza de vida y el caiga de la tasa de natalidad de España, que se redujo drásticamente entre los años setenta y noventa hasta ubicarnos entre los países con menores índices de fertilidad del planeta.

Estos cambios han tenido un efecto muy grande sobre la estructura de la población de España y proseguirán teniéndolo en las próximas décadas. En el instante actual, nuestra pirámide de población no se semeja en lo más mínimo a esta figura geométrica, que demandaría que el peso de las consecutivas cohortes en la población total se fuera reduciendo conforme aumenta su edad. En nuestro caso, no obstante, las cohortes más numerosas, las del «baby boom» de los años sesenta y setenta, están aproximándose ya a la jubilación, al paso que las que entran en edad de trabajar son ya de un tamaño inferior al de las que salen y proseguirán siéndolo a lo largo de los próximos treinta años.

La otra clave para proyectar la evolución de la población a lo largo de las próximas décadas es el comportamiento de los flujos migratorios. Pues esta variable es particularmente bastante difícil de pronosticar, resulta recomendable estimar diferentes posibilidades. Las proyecciones elaboradas por organismos como Eurostat, el Instituto Nacional de Estadística y la Airef dibujan un abanico parcialmente extenso que delimita los escenarios plausibles. Equiparando los 2 extremos del fantasma, la diferencia entre ellos en términos del influjo neto de inmigrantes entre la actualidad y dos mil sesenta está por sobre los seis millones de personas, lo que marca la diferencia entre un considerable incremento de la población y su práctico estancamiento.

Un aumento de las tasas de actividad y empleo podría atenuar los efectos del «shock» demográfico

A pesar de sus notables diferencias, todas y cada una de las proyecciones coinciden en adelantar el agravamiento de un indicador esencial para la sostenibilidad financiera del Estado de Bienestar: la tasa de dependencia de mayores, definida como el número de personas en edad de jubilación por persona en edad de trabajar. Conforme con las previsiones centrales que incorpora el modelo de pensiones de Fedea (basadas en proyecciones de Eurostat), la tasa de dependencia aumentaría desde 0,32 en dos mil dieciocho hasta un máximo de 0,68 en dos mil cincuenta, con un aumento del ciento trece por ciento . En un escenario de alta inmigración afín a las previsiones más optimistas de la Airef, el aumento hasta el pico sería de «sólo» el setenta y tres por ciento , cuarenta puntos menos mas aún muy significativo.

Así, todo apunta a que en las próximas décadas la sociedad de España deberá enfrentarse a un veloz proceso de envejecimiento que comportará una fuerte presión en alza sobre nuestro sistema de pensiones y sobre otras partidas esenciales de gasto público, como la sanidad y la dependencia, y forzará a cargar su peso sobre una base poco a poco más reducida en términos relativos de personas en edad de trabajar.

Uno de los factores que podrían atenuar los efectos de este «shock» demográfico sería un aumento de las tasas de actividad y empleo, lo que elevaría el número de trabajadores ocupados que tienen que financiar el gasto ligado al envejecimiento. Incluso bajo supuestos muy optimistas sobre la evolución de nuestro mercado de trabajo (que nos compararían en un medio plazo con los países europeos con un mejor desempeño laboral) el «shock» proseguiría siendo importante: estaríamos hablando de un aumento de entre cuarenta y setenta y siete puntos porcentuales de acá al dos mil cincuenta en el ratio de dependencia calculado sobre la población ocupada. En nuestro escenario central, cada ocupado debería hacerse cargo de los gastos sociales generados por 0,87 pensionistas (aparte de los suyos propios y los de sus hijos) y en el más optimista de 0,68, en frente de los 0,49 que le tocan ahora. El reto es por consiguiente enorme y demandará una contestación proactiva en la que el aumento de la productividad y de la eficacia de nuestros servicios públicos deberán ser las grandes prioridades.

Ángel de la Fuente es director de Fedea

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