El stop desahucios y sus efectos perjudicialesEconomía 

El stop desahucios y sus efectos perjudiciales

Tras semanas de rifirrafes en el propio Gobierno, el Consejo de Ministros ha dado luz verde esta semana al decreto-ley que suspende hasta el fin del estado de alarma, en el mes de mayo del próximo año, los desahucios por el impago de alquiler de familias frágiles y los cortes de luz, agua y gas, incluidos ciertos casos de okupas de residencias vacías. El peligro, aseguran los críticos con la medida, es que se impulse y se justifique la okupación, se ponga en cuestión la propiedad privada y, al reducir la seguridad jurídica, se desincentive que los dueños arrienden sus residencias lo que por su parte dispararía más los costes. Y lo que más preocupa es que esta medida no sea algo puntual y, como desean en Podemos, se extienda alén del instante de crisis actual.

La sociedad de España siempre y en todo momento ha sido solidaria, en especial en instantes bastante difíciles como el que vivimos. A lo largo de los confinamientos vimos de qué forma muchos dueños negociaron aplazamientos de alquileres con sus inquilinos, rebajas de rentas, o bien de qué manera las financieras postergaron pagos o bien renegociaron deudas, como a propósito, ya se había hecho a lo largo de la crisis financiera de dos mil ocho. Mas facilitar el acceso a la residencia no puede ser una obligación de los dueños, sino más bien de las administraciones, y al prohibir los desahucios lo que se hace es descargar una responsabilidad pública sobre la sociedad civil.

Tras las negociaciones en el propio Ejecutivo, por lo menos en los casos de inquilinos con contrato, todos y cada uno de los dueños, desde pequeños particulares a grandes inmobiliarias, van a tener derecho a pedir una compensación si hay un informe que acredite la vulnerabilidad económica de los desahuciados. El inconveniente, entre otras muchas cosas, es el tiempo que puede pasar desde el instante en que el dueño deja de percibir el importe del alquiler hasta el momento en que es compensado por la Administración, si por último lo logra y que, además de esto, es el dueño quien se debe encargar de hacer las gestiones. Los señores de Podemos procuran persuadir a la opinión pública de que los dueños de pisos alquilados son todos fondos buitres, o bien ricos, o bien grandes empresas… mas la realidad es muy diferente. Hay bastantes personas mayores que invirtieron sus ahorros en adquirir una segunda residencia y que emplean esas rentas del alquiler para compensar sus ajustadas pensiones. Quedarse sin esos ingresos los transforman asimismo en familias frágiles.

El decreto, además de esto, detalla que la prohibición de los desahucios se extiende asimismo a familias frágiles que no tienen contrato de alquiler, o bien lo que es exactamente lo mismo, prohíbe echar a los okupas. Y se afirma a las comunidades autónomas que van a tener 3 meses, desde el momento en que queda acreditada la vulnerabilidad de los desahuciados, para ofrecerles una opción alternativa habitacional que sea una «vivienda digna». Conforme los cálculos de la Agencia Negociadora del Alquiler, la medida puede provocar pérdidas de más de nueve mil euros para los arrendadores de residencia que hayan sufrido impagos de rentas desde el instante en que empezó el estado de alarma. Si bien por último haya ciertas compensaciones, es más que probable que en ningún caso cubran el total de las cuantías perdidas y si llegan, van a llegar tarde.

Si bien el vicepresidente Iglesias se mostrara un tanto desilusionado con el decreto y contraprogramara la conferencia de prensa del Consejo de Ministros con un vídeo y un tweet en el que aseguraba que la regla no es la panacea, la verdad es que hay mucha preocupación en el campo inmobiliario y, por lo general, entre los dueños de residencia que estiman que se está resguardando a los okupas. Que cuando alguien lo pasa mal, y hasta el momento en que supere las contrariedades, hay que asistirle, todos conforme, mas es responsabilidad del Estado, no de las personas particulares suministrar estas ayudas y, además de esto, cuidado con transformar estas medidas inusuales en perdurables por el hecho de que puede tener efectos malvados para todos. ¿Para qué exactamente esmerarse en trabajar y en adquirir un inmueble si entonces no se resguarda la propiedad? ¿Quién va a arrendar una casa si no podrás echar al inquilino si no te paga? ¿Para qué exactamente pagarás religiosamente el alquiler si no pasa nada si no lo haces? Hay que buscar fórmulas que dejen conjugar todos y cada uno de los intereses.

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