Economía Grandes tenedores de vivienda: ¿deben tener condiciones diferentes?

Grandes tenedores de vivienda: ¿deben tener condiciones diferentes?

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Con el discute surgido a causa de la futura Ley de Residencia que prepara el Gobierno, en los últimos tiempos la figura de los grandes tenedores de residencia, para la que no hay una definición clara, ha cobrado relevancia; y con ella la posibilidad, como ya aplican ciertas comunidades autónomas, de establecer distinciones con los pequeños dueños en el momento de tomar medidas contra las residencias vacías.

Qué se considera una residencia vacía y qué es un enorme tenedor de residencia son las 2 cuestiones por las que recientemente pasan los cambios que estudia el Gobierno para la futura Ley de Residencia. Específicamente, de cara a implantar medidas para estimular la salida al mercado de las residencias desiertas.

Hasta el instante, la única definición que el Gobierno ha efectuado sobre qué es un enorme tenedor es de marzo del pasado año: la que aparece en el decreto para hacer en frente de la covid en materia de residencia, que distinguía entre los pequeños y grandes dueños en el momento de entregar a sus inquilinos una moratoria o bien descuento del cincuenta por ciento de hasta 4 meses de renta, que los pequeños dueños sí podían rehusar.

En este decreto, se consideraba gran tenedor a la persona física o bien jurídica titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y cuartos trasteros, o bien una superficie construida de más de mil quinientos metros cuadrados. En ese cómputo entraban asimismo, por consiguiente, otro género de propiedades aparte de las residencias, como locales o bien parcelas.

Qué es un enorme tenedor

No obstante, no es la primera definición que se hace en España del gran tenedor. Ciertos gobiernos autonómicos ya la habían concretado ya antes. El primero fue el de Cataluña, en la Ley 24/2015, de veintinueve de julio, de medidas urgentes para encarar la urgencia en el campo de la residencia y la pobreza energética.

En el texto se considera gran tenedor a las entidades, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de administración de activos, incluyendo los provenientes de la reestructuración bancaria; aparte de las personas jurídicas que, por sí mismas o bien a través de un conjunto de empresas, sean titulares de una superficie habitable de más de mil doscientos cincuenta m2.

En un caso así, los grandes tenedores tenían la obligación de hacer una propuesta de alquiler social a inquilinos bajo riesgo de exclusión social que no pudiesen hacer frente al alquiler ya antes de presentar una demanda de desahucio.

La Comunidad Valenciana dio su definición cuando legisló para tomar medidas contra las residencias vacías: personas físicas o bien jurídicas se dediquen a alguna actividad propia del mercado inmobiliario y que sean titulares de más de diez inmuebles. Una consideración muy similar a la que hay en Baleares.

Diferencia de creencias
En el fondo del enfrentamiento está el choque entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la residencia, al lado de la supeditación de la propiedad privada a la utilidad pública o bien el interés social que recoge la Constitución. Asimismo el artículo cuarenta y siete de la Constitución, que reconoce el derecho a la residencia digna, insta a los poderes públicos a hacer efectivo este derecho «mediante la utilización del suelo conforme con el interés general para impedir la especulación».

Más que en el número de residencias, asociaciones por el derecho a la residencia como el Sindicato de Inquilinas ponen el acento en el empleo especulativo que se dé a esos inmuebles, y solicitan medidas para impedir la especulación de los «rentistas» que se ubican en el término medio entre los grandes tenedores y los pequeños dueños.

Por su lado, la Asociación de Dueños de Residencias en Alquiler (Asval) considera una discriminación en el derecho a la propiedad la distinción entre pequeños y grandes dueños, que considera al filo de la inconstitucionalidad.

En España la mayoría de la oferta de residencias en alquiler pertenece a pequeños dueños. Se ignora el porcentaje de inmuebles a cargo de grandes tenedores, entre aquéllos que se hallarían fondos de inversión, administraciones, empresas y particulares, y que conforme las estimaciones de diferentes fuentes no superaría en todo caso el quince por ciento .

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