Economía La economía sumergida inficionada por el coronavirus

La economía sumergida inficionada por el coronavirus

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Si la economía sumergida es ya un inconveniente para cualquier sociedad y gobierno, la situación se agudiza cuando, en un contexto como el presente, le pasamos el test y el resultado nos confirma lo que todos estábamos sospechando: asimismo este ámbito de la economía comienza a padecer las consecuencias de la infección por el coronavirus. Cualquiera que sea el campo que conforma la llamada economía sumergida y, en consecuencia, independientemente de lo que esta representa respecto del Producto Interior Bruto dependiendo del estudio que tomemos como referencia, está claro que es un ámbito de la población que va a quedar gravemente perjudicado.

El inconveniente puede analizarse desde 2 perspectivas fundamentales: social y fiscal. Primeramente, desde la perspectiva social, la declaración del estado de alarma ha supuesto para muchos una paralización, total o bien parcial, de su actividad laboral o bien profesional. El Estado, en su vertiente más social, ha puesto en marcha mecanismos de protección para compensar parcialmente el cese de la actividad económica. No obstante, quienes hasta el momento vivían bajo la sombra de la economía sumergida no van a poder gozar en igual medida de las ventajas que se han desarrollado para el resto de la sociedad, y van a quedar sin ningún género de ingreso, preciso habitualmente para su subsistencia.

Por suerte, y lo sabemos por otras situaciones de profunda crisis a las que se ha enfrentado la sociedad de España, en una mayoría de los casos son las numerosas organizaciones privadas y personas de bien las que ponen su pequeño grano de arena para frenar esta situación y logran sacar adelante a un número no desdeñable de familias españolas que se hallan bajo riesgo de exclusión.

En lo referente a la perspectiva fiscal, la pandemia implicará un doble perjuicio para nuestras cuentas públicas. Primeramente, va a ser indispensable encarar un mayor gasto público para hacer en frente de nuevas necesidades excepcionales de carácter social generadas por el coronavirus. Además, habría que tomar en consideración el aumento en las remuneraciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que no han interrumpido su funcionamiento a lo largo de esta crisis (singularmente, el personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército). Es inevitable que la administración de este gasto público se haga de forma eficaz y ejemplar. Corren tiempos en los que la verosimilitud de la clase política está en juego y esta demanda de la sociedad de España no puede retardarse ni un minuto más.

Seguidamente, al paralizarse la actividad económica se reducirá la generación de riqueza, reduciéndose, en consecuencia, los ingresos tributarios y nuestra colecta. En este contexto, el Estado no puede dejar que ciertos ciudadanos se aprovechen de esta situación. Ahora es más reprobable que jamás que estos acrecienten sus ingresos mediante la economía sumergida, evitando con esto su obligación de contribuir al mantenimiento de los gastos públicos. En un caso así, no estamos ya hablando del mínimo de subsistencia referido previamente, sino más bien de situaciones de capacidad económica no declarada que atentan gravemente contra los principios de generalidad, igualdad, progresividad y justicia tributaria contenidos en el artículo treinta y uno de nuestra Constitución. La Hacienda Pública habrá de ser inexorable a fin de eludir que estas situaciones produzcan todavía más descontento en la población.

Urge, en consecuencia, una solución firme y comprometida con el objetivo de intentar frenar o bien, cuando menos, amortiguar las consecuencias que provoca esta otra pandemia que es la economía sumergida y no solo pensando en el interés que tiene la Hacienda Pública por detraer, en interés de la justicia, una parte de los ingresos que son precisos para el mantenimiento de los gastos públicos, sino más bien para resguardar y cuidar, en un Estado Social y Democrático de Derecho, a quienes ahora más lo precisan.

Ana de la Herrán Piñar es vicepresidenta de Inspectores de Hacienda del Estado

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