La Justicia europea pone cerco a la morosidad de las administracionesEconomía 

La Justicia europea pone cerco a la morosidad de las administraciones

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sentenciaba el pasado martes que Italia ha infringido las reglas comunitarias al no observar y hacer cumplir la directiva que fuerza a las administraciones a abonar sus facturas en un plazo de treinta días (extensible hasta sesenta en el caso de pacto entre las partes, mas jamás más allí). El fallo, que viene acompañado de la amenaza de multas, puede marcar un punto de inflexión en la lucha contra una morosidad que prosigue ocasionando estragos en el tejido empresarial de este país, en especial en pequeñas y medianas empresas y autónomos.

Conforme los últimos datos del Ministerio de Hacienda, la Administración Central sí está cumpliendo ya con los plazos establecidos por la directiva europea de 2011: tardó veinticinco con cinco días de media en abonar en el último mes del año del año pasado y ya amontona 3 meses bajo el límite legal. Mas las autonomías exceden extensamente ese límite de los treinta días: treinta y nueve con setenta y cinco en el mes de noviembre, último dato libre. Si bien los «campeones» de la morosidad son los municipios, que precisan más de sesenta y seis días para atender al pago de sus facturas. En el caso de las autonomías, la demora en las entregas a cuenta que les traspasa el Estado no ha ayudado a corregir esta desviación.

«Creo que el fallo del TJUE es esencial y tendrá una trascendencia bastante profunda, por el hecho de que como resulta lógico sus sentencias marcan jurisprudencia», explica Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

Derecho reforzado
Ignacio Azúa, asociado de Lean Abogados, no tiene duda de que la resolución sobre el «caso italiano» es extrapolable a España y al resto de los países europeos. «El cobro ya antes de los treinta días ya está regulado dentro del derecho comunitario y transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico. Este país ya habría de estar aplicando esta regla. Si soy un autónomo y la administración supera ese plazo puedo demandar legalmente lo que introduce la directiva europea y nuestra regla contra la morosidad. Mas ahora ese derecho se fortalece con esta sentencia, que se va a poder invocar en el futuro», explica Azúa.

Cañete piensa que la sentencia es singularmente significativa por de qué forma se ha producido. El origen del caso se remonta a dos mil catorce. Fue entonces cuando el Ejecutivo comunitario abrió expediente a Italia a causa de una serie de demandas de los agentes económicos del país por la morosidad de sus administraciones. Los informes presentados por Roma confirmaban que en dos mil dieciseis el plazo medio de pago fue de cincuenta y uno días, con lo que un año después la Comisión Europea interpuso un recurso frente al TJUE por estimar que Italia no se había puesto manos a la obra para solucionar el inconveniente. «El sorprendente razonamiento del Gobierno italiano era que había cumplido con su responsabilidad al trasponer la directiva contra la morosidad, mas estimaba que no tenía la obligación de supervisar que ciertamente se cumpliera», explica el presidente de la PMcM.

En la sentencia emitida el pasado martes, el Tribunal da la razón a Bruselas y estima que Italia debía velar por que sus administraciones cumplan los plazos de pago. El tribunal destaca que mientras que las administraciones públicas «disponen de fuentes de ingresos más seguras» y «pueden conseguir financiación en unas condiciones más favorables», para las compañías «la morosidad de los poderes públicos produce gastos injustificados», conforme recoge Efe. Esta morosidad «agrava sus inconvenientes de liquidez, complica su administración financiera y afecta a su competitividad y rentabilidad, en tanto que se ven obligadas a pedir financiación exterior debido a tal morosidad», agrega el fallo.

Las comunidades, y sobre todo los municipios, exceden extensamente el límite legal de treinta días para abonar sus facturas

«Estamos produciendo una activa malvada que no debemos permitir bajo concepto alguno. Abonar tarde es matar a nuestras empresas», asegura Cañete. «Lo único que solicitamos es que se cumpla la sentencia europea por el hecho de que si no lo vamos a denunciar, evidentemente. En España la facturación con la administración es electrónica y eso es esencial para supervisar en qué momento se emite y cuando se paga una factura», agrega.

Si bien la sentencia no detalla su forma ni su posible cuantía, sí que abre la puerta a que la Comisión Europea pida al tribunal que imponga una multa a Roma, y por extensión a cualquier Estado incumplidor en el futuro. Y también introduce una demanda de «vigilancia activa» en frente de la morosidad. «Que te sancionen como Estado pues tus administraciones no cumplen con los pagos asimismo es cuestión de prestigio. Europa ha subrayado que si tus municipios o bien zonas no pagan, la responsabilidad es del Reino de España, y a él le pondrán las sanciones. Mecanismos ya existen en este país, lo que hace falta es que se usen», resalta Cañete.

El caso murciano
Exactamente, esta semana el Ministerio de Hacienda decidía intervenir los pagos de la Zona de Murcia por su elevada morosidad (en el mes de noviembre, su periodo medio de pago fue de setenta y cinco con noventa y ocho días). Desde este momento, el Estado retendrá a esta comunidad dinero de la liquidación del sistema de financiación autonómico para abonar de manera directa las facturas de sus distribuidores. Este mecanismo, que introducía la Ley de Estabilidad, se puede activar si una zona supera los sesenta días de demora un par de meses seguidos. Solo Extremadura y Aragón, en el año dos mil dieciseis, habían corrido hasta el momento esta «suerte».

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