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La morosidad de las autonomías se dispara y alcanza ya los cinco mil millones de euros

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Desde hace unos años, la ley establece que las administraciones públicas deben abonar a sus distribuidores en un plazo máximo de treinta días desde el momento en que certifican la realización de una obra, dan el visto bueno a un bien suministrado o bien a un servicio prestado, o bien registran una factura por un término que no requiera aceptación o bien comprobación.

Ese máximo de treinta días, no obstante, es infringido de manera sistemática por el campo público de España. Los que peor pagan son las autonomías y los municipios. Además, su morosidad se ha agravado a lo largo del último año. Y ahora, con la crisis liberada por el coronavirus, esos impagos son un destructor lastre para las compañías, particularmente para pequeñas y medianas empresas y autónomos, que son los más enclenques ante capítulos de falta de liquidez.

En el último mes del año, las administraciones públicas españolas llegaron a tener en sus cajones facturas pendientes de pago por un total de ocho mil seiscientos veintiuno millones de euros. En el primer mes del año se calmó algo la cantidad y quedó en seis mil quinientos siete millones. La media del último año es una deuda comercial viva de más de siete mil millones de euros.

El grueso corresponde a los gobiernos regionales. De media, a lo largo del último año llevan arrastrando una deuda comercial de cinco mil millones de euros, tras haberla aumentado un quince por ciento en dos mil diecinueve. Los municipios, por su lado, arrastran impagos durante más de mil doscientos millones de euros de promedio.

Facturas en los cajones
El pasado enero, las autonomías pagaron a sus distribuidores cinco mil doscientos setenta y ocho millones, mas en sus cajones se amontonan facturas pendientes por otros cuatro mil novecientos diez millones. En el caso de los municipios, en el mes de enero pagaron facturas por un total de mil trescientos cuatro millones, mas amontonaban otros mil ciento nueve millones impagados. Otro dato relevante es el tiempo que llevan metidas en los cajones las facturas impagadas por los ayuntamientos: ciento veintisiete días de promedio, más de 4 meses.

Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad urgen al Gobierno a que ponga fin a estos sistemáticos incumplimientos en los pagos. El presidente de esa plataforma, Antoni Cañete, estima que esa morosidad resulta singularmente inaceptable con la crisis que ha liberado el coronavirus, que está ahogando al tejido productivo y al empleo en toda España.

Antoni Cañete ve un contrasentido que el Gobierno ofrezca acredites a fin de que las compañías se endeuden en pos de liquidez, en lugar de saldar lo que le deben las administraciones públicas. «Ayudar a las compañías es abonar lo que les debes, no incitarlas a solicitar dinero prestado cuando su dinero lo tiene retenido la Administración», resalta el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

El presidente de la patronal de los autónomos ATA, Lorenzo Amor, insiste en exactamente el mismo sentido. «Estamos en un instante crítico en el que la primera cosa que hay que hacer es que las administraciones públicas cumplan estrictamente con los plazos de pago que marca la ley». Y censura que «hay municipios que tienen superávits y que, no obstante, no cumplen con los pagos en tiempo y forma por el hecho de que no se les deja emplear esos superávits».

Antoni Cañete abunda en esto último con otro dato añadido: «Las administraciones locales de toda España tienen en los bancos veintiocho millones, de los que doce son remanentes presupuestarios que la Ley de Estabilidad no les deja tocar. Ese veto habría que levantarlo inmediatamente, pues carece de sentido que las compañías se estén ahogando y se les niegue ese oxígeno que puede asistir a salvarlas».

Deuda de grandes compañías
Antoni Cañete asevera que, si por último se adoptan medidas para reducir la deuda de las administraciones con sus distribuidores, la prioridad debe ser saldar las facturas de pequeñas y medianas empresas y autónomos. Para esto solicita que se arbitren mecanismos que fuercen a los grandes contratistas a abonar a sus distribuidores con los fondos que reciban de las administraciones, a fin de que el «oxígeno» llegue a todo el tejido productivo y alcance a los más enclenques de la cadena empresarial.

En este sentido, advierte de que asimismo es urgente desplegar fórmulas legales para reducir la morosidad que se concentra en las grandes compañías. Conforme Antoni Cañete, «las grandes sociedades del Ibex treinta y cinco, a juzgar por lo que recogen sus informes, tardan en abonar las facturas una media de ciento setenta y ocho días, cuando cobran en un promedio de cincuenta y ocho días». Y eso -asevera- se refleja en una bolsa de facturas pendientes de pago «por valor de ciento veintidos mil millones de euros» que lastra al resto del tejido productivo.

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