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Los Franco piden retirar de Meirás las esculturas del profesor Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán

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Los Franco han empezado de forma formal los trámites para proceder a la mudanza de todos y cada uno de los recursos muebles de su propiedad que continúan en el Pazo de Meirás. Esta semana, el Juzgado de Primera Instancia nº1 de A Coruña concedía a la familia el plazo de un mes para la retirada de sus útiles, entre ellos los clasificados como Recursos de Interés Cultural (BIC): las esculturas de Isaac y Abraham, obra del profesor Mateo y que en tiempos lucieron en el Pórtico de la Gloria de la catedral de la ciudad de Santiago, y lo que resta de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, una vez que una buena parte de exactamente la misma ya fuera donada en los setenta por Carmen Polo a la Real Academia Galega (RAG).

Los 2 recursos BIC están protegidos por la legislación autonómica, lo que impone a los Franco la obligación de pedir una autorización administrativa para su traslado. Esta se efectuó a fines de la semana pasada por la parte del albacea de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina y fue confirmada por el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. Los Franco ya pidieron sacar de Galicia las esculturas el mes pasado de noviembre con destino a su finca madrileña de Valdefuentes, mas entonces la Xunta adujo que las medidas cautelares impuestas por el juzgado lo imposibilitaba. Ahora, no obstante, no existe obstáculo judicial.

Rodríguez reconoció que se trata de un tema «de gran relevancia jurídica» y para el que el gobierno gallego tiene aún múltiples meses para pronunciarse. De momento, la Xunta ha pedido informes de la RAG, el Consello da Cultura Galega, la Academia de Hermosas Artes y diferentes «catedráticos de prestigio» para intentar buscar una solución que, no obstante, desde un plano jurídico es compleja: la legislación de España no contempla la privación del derecho de propiedad de forma onerosa, o sea, sin indemnización. «Privar del empleo, disfrute, posesión o bien enajenación a un tercero lleva por nombre expropiación, y la Constitución establece que eso se debe indemnizar», asegura a ABC el catedrático de Derecho Civil de la USC Ángel Rebolledo.

La contestación del Estado
Con respecto al resto de muebles no clasificados, Rodríguez mandó la pelota al tejado del Gobierno. «Son recursos adscritos al Patrimonio del Estado» puesto que se hallan dentro de un inmueble de su titularidad, como es Meirás. Por ende —explicó— la competencia es suya para procurar extender la catalogación a cuadros, alfombras, sillas, mesas y demás útiles ornamentales del pazo. Xunta y Estado procuran fórmulas contrarreloj para impedir que la familia Franco pueda retirar los muebles, una vez que la Audiencia Provincial de A Coruña resolviera que el moblaje prosigue siendo de su propiedad no habiendo sido reclamado por el Estado en la demanda por la titularidad de Meirás.

Se da por sentado que la Abogacía del Estado remata una contestación legal para impedir la mudanza, siendo la más probable una demanda civil reivindicatoria del moblaje y la solicitud de medidas cautelares para frenarla.

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