Economía Los ‘lobbies’ se multiplican en el diseño de la...

Los ‘lobbies’ se multiplican en el diseño de la nueva economía

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Recibe distintas denominaciones. La más famosa es su acepción inglesa ‘lobby’, mas asimismo se puede charlar de conjuntos de repercusión, de presión o bien de interés. En suma, son actores que defienden sus intereses en la esfera pública, tratando de influir en la toma de resoluciones de los políticos, las administraciones, los legisladores, los servidores públicos… así sea a nivel europeo, nacional, autonómico o bien municipal. Y eso lo pueden hacer desde grandes multinacionales y corporaciones, hasta asociaciones empresariales y profesionales, sociedades científicas, fundaciones e inclusive O.N.G., organizaciones de usuarios y agrupaciones vecinales de cualquier distrito de una urbe. Hay seiscientos noventa y nueve lobistas anotados de manera voluntaria en el registro de conjuntos de interés de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el primero que se creó en España en dos mil dieciseis. Entonces le prosiguieron el registro de Cataluña, el de Castilla-La Mácula y el de la villa de Madrid. Comunidades que además de esto aprobaron sus respectivas leyes de trasparencia para regular los lobbies, como asimismo lo hicieron Navarra, Aragón, la Comunidad Valenciana y Asturias.

Esto es, múltiples autonomías han tomado la iniciativa de poner cierto orden en una actividad que aún arrastra cierta fama de obscuridad y en la que ciertos solo ven vínculo con el tráfico de influencias o bien la identifican con las conocidas puertas giratorias que cruzan ciertos políticos, quienes aprovechando su experiencia como cargo público y tirando de agenda, logran puestos relevantes en grandes empresas con el objetivo de marchar como conjuntos de presión.

No obstante, la actividad lobista mira cara un horizonte mucho más extenso. Es una práctica frecuente en los países anglosajones y asimismo en la UE. El registro federal de lobistas de E.U. cuenta con más de diez anotados. Y el de la Comisión y el Parlamento europeos (“Joint Transparency Register”) con más de once. En España, a falta de un registro nacional obligatorio, no se conoce el número de conjuntos de interés que influyen en las administraciones públicas.

Su peso futuro
Y eso que es previsible que el papel de los lobbies sea muy relevante en el futuro próximo para acometer las reformas estructurales que debe encarar España, por demanda europea, y que van ligadas a la consecución de los fondos Next Generation. Tan principales van a ser estos conjuntos de interés que aun el Gobierno ha adelantado su regulación a este año, una reivindicación histórica de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que une a los lobistas profesionales.

Son los conocidos «public affairs» o bien especialistas en temas públicos. Su función: «Ayudamos a las compañías a encauzar su visión y aportaciones cara el ámbito público. Esto es la participación de la sociedad civil y las compañías en la vida pública», mantiene María Rosa Rotondo, presidente de APRI y fundadora de la asesora de lobby Political Intelligence. «Representamos y defendemos los intereses de un conjunto de interés. Tenemos acceso a mucha información, la guardamos, filtramos y la trasladamos de forma ordenada a las partes interesadas. En ocasiones el campo empresarial no habla exactamente el mismo código que un legislador o bien el poder ejecutivo. Si traslado esta información, quien legisla o bien toma una resolución va a tener mayor capacidad de hacerlo», explica Marta Becerra, directiva de Temas Públicos de Adigital (Asociación De España de la Economía Digital).

Múltiples zonas tienen leyes de trasparencia, y el Gobierno busca aprobar la regla nacional este año

Estos profesionales, tanto de empresa como de agencias, desean desligarse de los estigmas del pasado. «El lobby es una figura admitida socialmente en países anglosajones, mas asociado a una historia de leyenda negra en la órbita continental: el lobista que invita a comer a un político a un restaurant costoso para influir en sus resoluciones o bien que le obsequiaba costosos obsequios», estima Agustín Baeza, directivo de Temas Públicos de la Asociación De España de Startups. Cuando, en su entender, «lo esencial del lobista no es tanto una agenda extensa o bien tener amigos, sino más bien el trabajo de saber edificar un buen relato, desarrollar buenos datos y también informes para argüir en mejores condiciones en favor de los intereses que está defendiendo».

Su mala reputación asimismo viene por otras malas praxis. «Antes la repercusión en los poderes públicos se hacía a través del modelo de compadreo o bien clientelismo, por el que se contrataba a ex- cargos públicos para influir en las resoluciones públicas. Se les incorporaba a los consejos de administración o bien de dirección de una compañía o bien fundación, sin hacer transparente esa relación. Mas ese modelo ha fracasado. El poder está fragmentado, ya no hay 2 únicos partidos. De ahí que, el ex- político ya no tiene capacidad de repercusión en su partido, ni en los gobiernos, ni en las nuevas generaciones», explica David Córdova, fundador del despacho Vicens y doctor en Derecho.

Intereses lícitos
¿Mas es lícito y legal influir en las resoluciones que debe adoptar un legislador en el momento de realizar una ley o bien en un político cuando diseña un plan nacional para regular una actividad económica, por servirnos de un ejemplo? «El lobby es el derecho a representar los intereses lícitos frente a los poderes públicos, a participar de los temas públicos como recoge el artículo veintitres de la Constitución», defiende Córdova. «Todos los intereses que se defiendan de forma moral, conformemente con la legalidad actual y con trasparencia son legítimos», mantiene Baeza. Y como muestra este especialista ilustra la función de un lobby: «Llevamos 4 años trabajando en la recién aprobada ley de start-up. Debimos iniciar haciendo pedagogía y explicando a todo el mundo con las que nos reuniamos qué era una start-up, de qué manera trabajan y por qué razón era esencial crear un ecosistema de start-up para el futuro del país».

A los políticos y legisladores «les interesa estar informados por la parte de los ámbitos empresariales y sociales»

Desde entonces, las leyes no se hacen a la ligera ni tampoco las resoluciones se toman sin ningún sentido, como expone Luis Riachuelo, maestro de IE University: «Las leyes —dice— se hacen desde el conocimiento de quienes más comprenden, que son los públicos perjudicados por ellas. No es posible hacer una ley de educación sin contar con los progenitores y madres, con los institutos públicos y privados, con los estudiantes, con los profesores… Todos , sus asociaciones, sus organizaciones, sus sindicatos… son conjuntos de interés que deben participar en el proceso. Y de esta forma en todas las reglas, en mayor o bien menor medida». «Incluso una asociación de vecinos es lobby cuando se dirige a un concejal de distrito para presentar una propuesta de mejora de las aceras», agrega Baeza.

Además de esto, está la otra visión: la del legislador o bien político, a los que «les interesa estar informados por la parte de los campos empresariales y sociales, conocer de primera mano los intereses, necesidades y retos. El lobby facilita el conocimiento técnico de los gobernantes sobre cierta materia que se debe regular mejorando el proceso de toma de decisiones», señala Piluca Núñez, directivo de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Asociación Empresarial Eólica.

Registro nacional
Claro, siempre y cuando la actividad se realice bajo unos principios de trasparencia y un código ético por las dos partes. Y una regulación asistiría mucho a lograrlo. «Los códigos de conducta y los registros de lobistas han facilitado la profesionalización de la actividad», apunta Núñez.

El campo aboga por la creación de un registro obligatorio de lobbies a nivel nacional, «para que las asambleas solo se puedan sostener con los que están anotados y estos se sometan a ciertas reglas de conducta e inclusive existan sanciones por infringir esas reglas éticas», matiza María Rosa Rotondo. APRI recoge 9 principios éticos que deben cumplir los lobistas en su código de conducta. Entre otros: no conseguir información o bien influir en resoluciones de forma indecente ofertando regalos, favores o bien servicios en condiciones ventajosas; aportar información veraz; no inducir a los miembros del Congreso de los Diputados, miembros del Senado o bien funcionarios a infringir las reglas de actuación que les son aplicables en sus funciones, o bien no propagar la información de carácter reservado.

«Hay que asegurar que la resolución pública se toma con la máxima objetividad y también independencia buscando el interés general»

Otra propuesta que asimismo contribuirá a dar trasparencia a esta actividad es que los legisladores y políticos hagan públicas sus agendas, esto es dar a conocer con quién se reúnen. «Hay que asegurar que la resolución pública se toma con la máxima objetividad y también independencia buscando el interés general», explica Córdova. Y que haya perseverancia de lo que se llama ‘huella legislativa’, «que todas y cada una de las leyes recojan todas y cada una de las asociaciones que han participado en su preparación, o bien para influir, o bien para dar propuestas, o bien han sido escuchadas», detalla Córdova.

Luz y taquígrafos en las agendas
Por el momento, el Gobierno ha efectuado la consulta pública del anteproyecto de ley de trasparencia y también integridad en las actividades de los conjuntos de interés, que pretende lograr, entre otros muchos objetivos, limitar las puertas giratorias entre altos cargos y empleados públicos y los conjuntos de interés, establecer un código de conducta para la actividad del ‘lobby’ y la creación de un registro de lobistas. Mas poco más se conoce de esta nueva regulación. De momento, los miembros del Congreso de los Diputados del Congreso cuentan desde dos mil diecinueve con un código de conducta que entre otras muchas medidas define lo que es un conjunto de interés, prohíbe regalos y obsequios, establece infracciones y sanciones si no se cumplen estas reglas y fuerza a que publiquen su agenda institucional en el Portal de Trasparencia del Congreso. Algo que pocos hacen, conforme denuncian desde APRI.

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