El Gobierno semeja no localizar el equilibrio preciso entre la demanda de apresurar la concesión de fondos europeos y el control financiero sobre las compañías que reciben las ayudas que garanticen el buen uso de exactamente los mismos. El último ejemplo está en la aprobación de la llamada Ley Crea y Medra que vio luz verde en el Congreso este pasado jueves y que supone un nuevo palo en la rueda de cara al proceso de petición de los fondos de reconstrucción Next Generation.
La ley que pretende facilitar la creación de empresas y el incremento del tamaño de exactamente las mismas -recoge la posibilidad de abrir sociedades por 1 euro- y que busca reducir la morosidad entre las pequeñas y medianas compañías del ámbito privado, introduce del mismo modo nuevas rigideces que podrían ser contraproducentes. En verdad, el Gobierno incluye en esta ley nueva burocracia con la que se va a deber probar la ausencia de deudas o pagos pendientes y que va a ser precisa cumplimentar por la parte de las compañías para poder pedir fondos europeos.
El texto aprobado por los conjuntos parlamentarios recoge, además de esto, en el apartado de la lucha contra la morosidad una nueva limitación para cualquier empresa que tenga pagos pendientes, a las que se prohíbe el acceso a las cualquier clase de ayuda o subvención pública, incluyendo los fondos de reconstrucción Next Generation o el Kit Digital, entre otros muchos. La medida, que de entrada servirá para resguardar este dinero de las malas prácticas o eludir que caiga a cargo de compañías en una situación financiera compleja, asimismo va a suponer la puntilla para aquellas pequeñas y medianas empresas con inconvenientes financieros derivados de la pandemia y ahora por la guerra en Ucrania y la crisis energética, que ven los fondos europeos como la última palanca que podría permitir su restauración terminante. Y de la que ahora se van a ver privada por el hecho de registrar pagos pendientes.
En este sentido, la ley fija para aquellas subvenciones de importe superior a treinta euros que no va a ser posible pedirlas si la compañía está bajo situación de morosidad. «Cuando los demandantes sean solamente sujetos incluidos en el campo de aplicación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales no van a poder conseguir la condición de adjudicatario o entidad cooperadora las compañías que infrinjan los plazos de pago previstos».
Más contrariedades para la pyme
Sobre este aspecto, desde la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, recuerdan que la crisis económica ha supuesto esenciales pérdidas para las compañías de este país, con el consecuente deterioro de su situación financiera cuando no de su aptitud. En este contexto, al que se aúna la crisis inflacionaria, las compañías registran una pérdida de rentabilidad que puede comprometer su aptitud y su desarrollo.
«En relación con la morosidad, a lo largo de los últimos meses, y fruto de la actual situación, ha aumentado primordialmente entre las pequeñas y medianas empresas, que son las que más han sufrido los efectos de la pandemia y las que más están padeciendo los efectos de la inflación«, advierten desde la Confederación. En esta situación y frente a un escenario económico sombrío para los próximos años, »si bien la regla incluye ciertos aspectos positivos, incorpora medidas de incierta eficiencia que suponen nuevas cargas para las pequeñas y medianas empresas, complicando aún más su acceso a los fondos europeos y subvenciones en un instante frágil para muchas empresas«.
Nueva documentación requerida
Así, aún más contraproducente para el favorecimiento de la actividad empresarial que se pretende en la ley es la integración de nueva burocracia para la generalidad de las compañías en el momento de pedir los fondos europeos de los que España ha recibido ya el segundo tramo de doce millones de euros, pertinente al primer semestre del año.
«Para las sociedades que, conforme con la normativa contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se establece la necesidad de acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago a través de certificación, emitida por auditor anotado en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo de los pagos de la compañía usuario independientemente de cualquier financiación para el cobro adelantado de la compañía proveedora«, recoge la ley en la enmienda incluida.
Con todo, Cepyme defiende la definición de una estrategia eficiente y realista de lucha contra la morosidad, ya que este fenómeno lastra a su vez la productividad y el desarrollo de muchas pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la morosidad es un inconveniente complejo que precisa un marco integral que la reduzca, en el que se incluyan acciones pertinentes que mejoren el acceso de liquidez a las compañías. «En este sentido, comprendemos que el establecimiento de sanciones no es un instrumento por sí mismo eficiente. Por ende, la pérdida de acceso a subvenciones públicas y asimismo a los fondos europeos resulta absolutamente desmedida en esta coyuntura«, advierten desde la organización.
«Especialmente en este campo, Cepyme no comparte que la regla incluya nueva burocracia en la petición de subvenciones para todas las compañías, ya que daña de forma directa a las de menor tamaño y recursos más limitados, ralentizando de esta forma la ejecución de los fondos europeos y, sobre todo, su llegada a las pymes«, apuntan los representantes de la pyme en un comunicado emitido este viernes.
La Confederación apunta asimismo que la menor productividad de la compañía de España está de manera estrecha vinculada a su menor tamaño y uno de los primordiales factores limitativos de desarrollo prosiguen siendo las barreras burocráticas de diferente clase que lo desincentivan. «Promover el desarrollo del tejido empresarial de España acarreará más productividad empresarial, más actividad y, por lo tanto, más generación de recursos y empleo de mejor calidad, favoreciendo así al conjunto de la sociedad española», explican en la valoración de la nueva ley aprobada.