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Un informe pedido por Bruselas demanda excesos en la lucha de Hacienda contra el fraude fiscal

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Obligaciones desmedidas en el momento de declarar la posesión de criptomonedas, demandas de responsabilidad sobre lo lógico a personas relacionadas con deudores tributarios, fijación de referencias poco fiables que producen obligaciones tributarias o excesos en el momento de conseguir información sobre supuestos fraudes; la evaluación independiente de las medidas incluidas en la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal encargada por el Ministerio de Hacienda a la Fundación Fide, en cumplimiento de las disposiciones operativas acordadas entre el Gobierno de España y la Comisión Europea para la recepción de los fondos europeos, ha aflorado un puñado de excesos regulativos en la ofensiva normativa de Hacienda por acorralar el fraude fiscal . El informe, en el que han participado veinta especialistas fiscales de primer nivel entre aquéllos que se cuentan altos funcionarios de diferentes campos de la Administración Tributaria, cuestiona la práctica de agredir lo que definen como «casos patológicos» con reglas que entonces se aplican «de forma generalizada» sobre los impositores y recuerda que conservar las garantías de estos pasa por observar los principios de audiencia anterior, motivación de las actuaciones administrativas y proporcionalidad, «formuladas y reconocidas con carácter general, mas que en la práctica presentan ciertas disfunciones en su aplicación específica ». Al borde de la legalidad El informe apunta, por servirnos de un ejemplo, a la solución encontrada por el Ministerio de Hacienda e incluida en esta ley a las objeciones planteadas por el Tribunal Supremo a las inspecciones por sorpresa de la Hacienda en los domicilios de supuestos defraudadores en pos de pruebas de fraudes fiscales. Se comprende que la nueva regla soluciona los inconvenientes de motivación y proporcionalidad que llevaron al Supremo a inmovilizar a lo largo de meses los registros domiciliarios de la Inspección de Hacienda -una de sus tácticas más eficaces-, mas prosigue ofertando dudas sobre su encaje constitucional y sobre la observación de las precisas garantías para los impositores, lo que podría derivar en futuros inconvenientes en los tribunales. Advierte asimismo inconvenientes con el modelo regulado a fin de que los impositores que operan con criptomonedas declaren su operativa , ya que se establece la obligación de que justifiquen el origen y el valor de sus monedas virtuales, algo que no siempre y en toda circunstancia se puede hacer y cuyo incumplimiento puede conllevar severas sanciones por la legislación antiblanqueo. El informe pone en cuestión, además, el encaje constitucional de la aplicación extendida de medidas cautelares para asegurar el cobro de las deudas tributarias, lo que desgasta las garantías de los impositores y les puede ocasionar perjuicios superfluos, conforme apunta la evaluación. Prácticas desmesuradas La regla sometida a evaluación amplió el radio de acción de la insigne lista de deudores del Ministerio de Hacienda para incluir a los impositores con deudas tributarias superiores a seiscientos euros (ya antes el umbral era un millón de euros) y a los responsables solidarios de esas deudas. La evaluación efectuada por Fide concluye que Hacienda ha podido pasarse de frenada con esta modificación legal, ya que expone a escarnio público a impositores que pueden no tener nada que ver con la generación de la deuda tributaria aparte de a otros que sostienen esas deudas por estar incursos en un procedimiento concursal. «Su utilización se ha deformado para transformarse más bien en una nueva herramienta recaudatoria », demanda el informe. Las críticas alcanzan a otra de las medidas simbólicas de la ley: la restricción a mil euros de los pagos en efectivo en el tráfico comercial. Avalada su legalidad y proporcionalidad por la Comisión Europea, que ha considerado más su eficiencia como medida de lucha contra el fraude que la limitación que impone a la libre circulación de capitales, la evaluación colecta que el límite establecido en España se ubica muy bajo el umbral propuesto por Bruselas para combatir contra el blanqueo: diez euros. MÁS INFORMACIÓN Ofensiva interna en Hacienda para activar la Policía Fiscal El Supremo apunta a Hacienda que no puede registrar domicilios por «una corazonada» La evaluación de Fide, cuyo fin último es advertir distorsiones ocasionadas por la regla al objeto de proponer cambios que contribuyan a cumplir con eficacia los objetivos acordados con la Comisión Europea, plantea ajustes en las reformas introducidos por la ley en el sistema tributario. Valora la creación de un valor de referencia de los activos inmobiliarios para pacificar la tributación patrimonial, mas advierte defectos estructurales que están determinando los impuestos que pagan los impositores y que deberían resolverse para eludir que provoquen conflictividad. Defienden la resolución de someter las Sicav al control de la Inspección de Hacienda, y no de la CNMV, mas aconsejan que si se quiere fijar ese capital en España se configure un nuevo instrumento para eludir fugas de capital a otros países. Derecho del impositor a confundirse El informe aconseja aprovechar la revisión de la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude para incidir en la prevención y mudar el enfoque punitivo que adivinan en la regulación tributaria. Destacan «la conveniencia de que, en las relaciones entre Administración y impositores, se priorice la prevención y la asistencia sobre el castigo o prohibición . En este sentido, reclaman la regulación del derecho al fallo, en el que ya trabaja la Hacienda, y tomar en consideración el historia del impositor en el momento de sancionar.

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