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Ya lo dijimos: la resolución del Gobierno era ilegal, totalitaria, sectaria y entusiasta

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En un artículo de octubre del año dos mil veintiuno ya lo afirmamos en estas páginas de ABC: si el Gobierno excluía la tauromaquia de las actividades a las que los jóvenes podían destinar el bono cultural estaría adoptando una resolución ilegal (aparte de totalitaria, sectaria y entusiasta). Hoy, el Tribunal Supremo nos ha dado la razón. En una sentencia notificada hace unas pocas horas ha declarado que la exclusión de la tauromaquia del bono cultural es nula. Que el Gobierno (y el Ministerio de Cultura) actuaron ilegalmente. Y lo hace, además de esto, con unos razonamientos de una contundencia excepcional. Recuerda que el Gobierno tiene la obligación de desarrollar medidas de impulso y promuevo «de los mecanismos de transmisión de los conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que convergen en las corridas de toros y el arte de lidiar». No es una alternativa hacerlo o no. Tiene la obligación de ello. Por otra parte, reconoce, como no puede ser de otro modo, que las diferentes Administraciones Públicas tienen una esencial autonomía para, en sus competencias, perseguir los intereses públicos que tienen confiados (entre ellos, el promuevo de la tauromaquia) de la manera que consideren más conveniente a su mejor satisfacción. O sea, que tienen un extenso margen de discrecionalidad para articular el modo perfecto en que impulsan cada una de las actividades culturales. Mas esto no supone que cuando la Ley fuerza particularmente a actuar de forma positiva en un determinado campo (esto es, a favorecer la tauromaquia) puedan excluirla de una actuación que pretende favorecer el conjunto de la cultura sin una «justificación singular de entidad bastante». Por otra parte, «el Bono Cultural Joven tiene una proyección de carácter general y, además de esto, puede considerarse cualificada en tanto se dirige a una nueva generación, o sea, mira al futuro representado por los jóvenes (…) perspectiva que es esencial cuando de la conservación y promoción del patrimonio cultural se trata». Y esto demanda que la tauromaquia reciba «un tratamiento equilibrado con la significación que tiene reconocida por el legislador». Ya lo dijimos: la resolución del Gobierno era ilegal. El Tribunal Supremo así lo ha declarado. El bono cultural de dos mil veintitres va a deber incluir la tauromaquia. Otra cosa sería prevaricar. (Lorenzo Clemente es letrado de la Comisión Jurídica de la Fundación del Toro de Lidia)

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